Cámara aprueba ley para acelerar regularización de propiedades a damnificados por catástrofes
La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado un proyecto que crea un procedimiento especial y gratuito para que las personas afectadas puedan acceder más rápido a subsidios de reconstrucción.
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Qué pasó
Con un respaldo unánime de 139 votos, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que establece un procedimiento especial para agilizar la regularización de la pequeña propiedad raíz de personas damnificadas por catástrofes. La iniciativa, que ahora pasa al Senado para continuar su tramitación, busca resolver la dificultad que enfrentan quienes no pueden acceder a beneficios de reconstrucción por no tener un título de dominio regularizado.
El proyecto modifica el decreto ley 2.695 de 1979 para crear un procedimiento que reduce los plazos de tramitación de aproximadamente 18 meses a un estimado de seis meses para los afectados. Este mecanismo especial será aplicable en zonas declaradas bajo estado de excepción constitucional de catástrofe y hasta seis meses después de finalizada dicha declaración.
La propuesta establece la gratuidad total del procedimiento para los solicitantes, lo que incluye las publicaciones, actuaciones administrativas y las inscripciones en el conservador de bienes raíces. Además, se fortalece la coordinación entre el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda y los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) para facilitar el intercambio de antecedentes y evitar la duplicación de trámites.
Para resguardar los derechos de terceros, la iniciativa incorpora un procedimiento administrativo para resolver oposiciones. La intención es que controversias menores se solucionen en esta instancia, sin perjuicio del derecho de las personas a recurrir posteriormente a los tribunales de justicia. Una norma transitoria establece que el beneficio se aplicará a las zonas de catástrofe decretadas desde el 1 de enero de 2026.
Por qué importa
Estado: El proyecto dota al Estado de una herramienta administrativa más rápida para responder a emergencias, abordando un cuello de botella específico —la irregularidad de los títulos de dominio— que actualmente retrasa la entrega de ayuda material a los damnificados.
Sociedad: La iniciativa busca reducir la incertidumbre y el tiempo de espera de las familias afectadas por catástrofes, permitiéndoles acceder a subsidios y comenzar la reconstrucción de sus viviendas en un plazo significativamente menor al del trámite ordinario.
Instituciones: La modificación al decreto ley 2.695 de 1979 establece un nuevo marco de coordinación entre ministerios y servicios públicos para la gestión de catástrofes, buscando mayor eficiencia y evitando la duplicación de funciones en la respuesta a emergencias.
Lo confirmado
- La iniciativa fue aprobada en la Cámara con 139 votos a favor y fue despachada al Senado.
- El proyecto modifica el decreto ley 2.695, que data de 1979.
- El nuevo procedimiento busca reducir el tiempo de regularización de propiedad de 18 a 6 meses para los damnificados.
- El trámite será completamente gratuito para los afectados, cubriendo costos de publicaciones e inscripciones.
- El mecanismo especial se podrá utilizar en zonas de catástrofe y hasta seis meses después de levantado el estado de excepción.
- Se creará una instancia administrativa para resolver oposiciones de terceros sobre las propiedades en regularización.
- Una norma transitoria incluye a las zonas declaradas en catástrofe a partir del 1 de enero de 2026.
- Parlamentarios expresaron preocupación sobre la capacidad de las Direcciones de Obras Municipales para cumplir con los nuevos plazos.
Lo que falta saber
- ¿Cuál es la capacidad real de las Direcciones de Obras Municipales y otros organismos públicos para procesar las solicitudes de regularización en el plazo de seis meses que establece el proyecto?
Qué observar ahora
- La discusión y votación del proyecto en las comisiones y la sala del Senado.
- La eventual publicación de la ley en el Diario Oficial, fecha en la que entrará en vigencia.
Fuentes
Cámara de Diputadas y Diputados ·