Congreso avanza en proyecto para agilizar expulsiones administrativas de migrantes
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que busca facilitar la ejecución de expulsiones. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, introduce cambios en los procedimientos de notificación, detención y reclamación.
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Qué pasó
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados visó el informe de la comisión mixta sobre el proyecto de ley que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular. La propuesta, que resolvió las diferencias entre la Cámara y el Senado, fue aprobada por 128 votos a favor y 11 en contra, y ahora pasará al Senado para su revisión, en lo que es su última etapa de tramitación en el Congreso [1, 6, 7].
Uno de los puntos centrales del proyecto es la localización y detención de personas con órdenes de expulsión firmes. La iniciativa faculta a la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar a un juez de garantía la autorización para ingresar a un domicilio donde se presuma que se encuentra un extranjero con orden de expulsión, con el fin de detenerlo [13, 14]. El juez deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas [1]. Esta fórmula, acordada en la comisión mixta, modifica la versión original del proyecto que entregaba esta facultad al subsecretario del Interior, con una revisión judicial posterior [15, 16, 17].
Para facilitar la ubicación de personas a notificar, el Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir datos como nombre completo, domicilio y correo electrónico a personas naturales, empresas y funcionarios públicos [18, 19]. Esta facultad tendrá límites: no se podrá usar respecto de menores de edad ni para obtener información desde establecimientos de salud o recintos educacionales [20, 21, 22]. Adicionalmente, se establece la obligatoriedad del registro biométrico para infractores mayores de edad [23].
El proyecto también modifica los procedimientos de reclamación. El plazo para presentar un recurso se reduce de diez a cinco días, y su interposición ya no suspenderá automáticamente la ejecución de la expulsión [3, 26, 27]. Además, se eleva de tres a cinco años la prohibición mínima de reingreso al país para los expulsados, se amplían las causales de expulsión para incluir graves afectaciones al orden público y se establece que las órdenes de expulsión se mantendrán vigentes hasta su ejecución [4, 29, 30].
Por qué importa
Instituciones: La ley modifica las atribuciones de organismos del Estado. Otorga a la PDI la facultad de solicitar ingreso a domicilios con autorización judicial previa para ejecutar expulsiones y al Servicio Nacional de Migraciones la potestad de requerir datos personales para ubicar a migrantes irregulares, reconfigurando las herramientas institucionales para la gestión migratoria [2, 14, 19].
Estado: La aprobación de esta iniciativa permitiría al Ejecutivo avanzar en su agenda legislativa de seguridad, sumándose a otras normas como la ampliación de la flagrancia y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) [12, 41]. El proyecto busca fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar sus propias resoluciones administrativas, en un contexto donde existen más de 30.000 órdenes de expulsión pendientes [1, 11].
Sociedad: El proyecto de ley responde a un debate público sobre seguridad y migración, intensificado tras el homicidio de un carabinero atribuido a un extranjero en situación irregular [36, 37]. Al mismo tiempo, modifica el acceso a la justicia para los migrantes, al acortar los plazos de reclamación y eliminar la suspensión automática de la expulsión al presentar un recurso judicial [26, 27].
Lo confirmado
- El informe de la comisión mixta fue aprobado en la Cámara Baja con 128 votos a favor y 11 en contra [1].
- La PDI podrá solicitar a un juez de garantía permiso para entrar a un domicilio y detener a un migrante con orden de expulsión firme [14].
- El plazo para presentar una reclamación judicial contra una expulsión se reduce de 10 a 5 días [26].
- La interposición de un recurso de reclamación ya no detendrá de forma automática el proceso de expulsión [27].
- La prohibición mínima de reingreso a Chile para un expulsado aumenta de 3 a 5 años [4].
- El proyecto fue ingresado durante el gobierno de Gabriel Boric y reformulado con indicaciones de la administración de José Antonio Kast [9, 10].
- El 22 de septiembre, la Cámara rechazó por un voto una reforma constitucional que buscaba ampliar los plazos de detención para expulsiones [31, 34].
- El Servicio de Migraciones podrá solicitar datos para ubicar a extranjeros, con la prohibición de hacerlo sobre menores o en recintos de salud y educación [19, 21, 22].
Lo que falta saber
- El material menciona al 'expresidente Gabriel Boric' y a la 'administración de José Antonio Kast', pero no confirma explícitamente quién ejerce la presidencia durante la votación del proyecto en la Cámara de Diputados.
Qué observar ahora
- La revisión y votación del informe de la comisión mixta por parte del Senado, que tiene previsto pronunciarse este martes [38, 39].
- Si el Senado aprueba el informe, el proyecto quedará en condiciones de finalizar su tramitación legislativa y convertirse en ley [40].
Fuentes
La Tercera ·