Contraloría evaluará legalidad de la transmisión en vivo del Plan Cancerbero
El diputado Raúl Leiva (PS) solicitó a la Contraloría General de la República un dictamen sobre la legalidad de la transmisión del traslado de 687 reos, argumentando que la mediatización del operativo vulnera normativas y jurisprudencia previa del organismo fiscalizador.
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Qué pasó
La Contraloría General de la República deberá pronunciarse sobre la legalidad del denominado "Plan Cancerbero", luego de que el diputado Raúl Leiva (PS) presentara un oficio solicitando un dictamen. La controversia se centra en la transmisión en vivo, a través del canal de YouTube del Gobierno, del traslado de reclusos a un nuevo penal.
La operación, nombrada "Plan Cancerbero" por el Presidente José Antonio Kast, consistió en el traslado de 687 presos a la nueva cárcel La Laguna en Talca. El operativo fue transmitido durante casi cuatro horas, mostrando en algunas tomas el rostro de los reos y escuchándose sus nombres al ser llamados por personal de Gendarmería.
Mientras el gobierno y el oficialismo celebraron la ejecución del operativo, la oposición y exautoridades como el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, y el exdirector general de Carabineros, Ricardo Yáñez, criticaron su transmisión por streaming. El diputado Leiva calificó la acción como una "puesta en escena" y un "instrumento comunicacional" que puso en riesgo la seguridad del operativo.
En su requerimiento, Leiva argumenta que la transmisión contraviene la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, que establece la reserva de sus operaciones. Además, cita dos dictámenes de la propia Contraloría del año 2017 (N° 9.923 y N° 42.259) que establecieron la ilegalidad de grabar en recintos penales para fines de entretenimiento, la prohibición de transformar la actividad penitenciaria en un espectáculo y la necesidad de resguardar la dignidad de los internos.
Por qué importa
Instituciones: El dictamen de la Contraloría sentará un precedente sobre los límites de la comunicación gubernamental en operativos de seguridad. Definirá si la jurisprudencia existente, que prohíbe la espectacularización de la actividad penitenciaria, se aplica a las transmisiones en vivo realizadas por el propio Ejecutivo, afectando futuras estrategias de comunicación de políticas públicas.
Estado: El caso pone en tela de juicio el uso de recursos públicos y plataformas estatales para fines que, según los críticos, podrían exceder la función informativa del Estado. La decisión del ente contralor impactará en la interpretación del principio de juridicidad y el uso de medios estatales para la difusión de actos de gobierno, especialmente aquellos que involucran a personas bajo la custodia del Estado.
Lo confirmado
- El diputado Raúl Leiva (PS) solicitó formalmente a la Contraloría un pronunciamiento sobre la legalidad del Plan Cancerbero.
- La operación implicó el traslado de 687 reclusos a la cárcel La Laguna, en Talca.
- La transmisión del operativo se realizó por el canal de YouTube del Gobierno de Chile y duró cerca de cuatro horas.
- Durante la emisión se mostraron rostros de internos y se escucharon sus nombres.
- La solicitud de Leiva se basa en dos dictámenes previos de la Contraloría de 2017 que limitan las grabaciones en recintos penales.
- El operativo fue respaldado por el oficialismo y criticado por la oposición y exdirectores de Gendarmería y Carabineros.
- El parlamentario argumenta que la transmisión vulneró la reserva de las operaciones de Gendarmería y el derecho a la honra e intimidad de los reos.
- El Presidente José Antonio Kast fue quien denominó a la operación como "Plan Cancerbero".
Lo que falta saber
- ¿Cuál es la justificación técnica y jurídica del gobierno para haber transmitido en vivo el operativo?
- ¿Qué otras normativas constitucionales específicas, además de la integridad moral, se habrían vulnerado según el oficio del diputado Leiva?
- ¿Se obtuvo el consentimiento expreso de los internos para ser grabados, como exige uno de los dictámenes de 2017 citados en el requerimiento?
Qué observar ahora
- La solicitud de informes por parte de la Contralora Dorothy Pérez a los organismos gubernamentales involucrados en el operativo y su transmisión.
- El dictamen final de la Contraloría General de la República que determinará la legalidad de la transmisión del Plan Cancerbero y establecerá los límites para futuras acciones similares.
Fuentes
La Tercera ·