Registro de Deudores de Alimentos: Poder Judicial ordena pagos por más de $3,8 billones
A cuatro años de la ley que creó el mecanismo, un balance del Poder Judicial revela que los tribunales han ordenado el pago de una suma equivalente al 1,98% del PIB de Chile, aunque la Corte Suprema advierte sobre la falta de recursos para gestionar el sistema.
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Qué pasó
El Poder Judicial informó que, en el marco del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, ha ordenado el pago de más de $3,8 billones. La iniciativa fue anunciada en marzo de 2021 por el entonces Presidente Sebastián Piñera y la plataforma web, monitoreada por el Registro Civil, debutó el 18 de noviembre de 2022.
El balance, presentado a cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley 21.389 que creó el registro, detalla que el monto exacto ordenado pagar por la judicatura entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026 asciende a $3.885.443.300.562. Esta cifra, que equivale al 1,98% del PIB de Chile, se origina en la ejecución de los mecanismos de cobro de la Ley N° 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo.
Durante el mismo período, los 141 tribunales con competencia en familia del país han ordenado 728.700 inscripciones en el registro. De estas, 376.644 se encuentran vigentes, mientras que 352.056 ya fueron canceladas. El monto adeudado correspondiente a las causas vigentes en el sistema del Registro Civil es de 54 mil 833 millones de pesos.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que si bien la ley "va en el camino correcto, no es suficiente". Advirtió que no se dispusieron los recursos necesarios para implementar la medida, lo que ha implicado que el personal judicial asuma las nuevas exigencias con un "gran costo humano" para beneficiar a niños, niñas y adolescentes vulnerables.
Por qué importa
Instituciones: La implementación del registro ha generado una carga de trabajo adicional para los tribunales de familia. La advertencia de la Corte Suprema sobre la falta de recursos evidencia una tensión en la capacidad del Poder Judicial para ejecutar nuevas leyes de manera efectiva, lo que podría impactar su funcionamiento general.
Economía: El sistema ha activado una transferencia de fondos significativa dentro de la economía. La orden judicial de pago por un monto equivalente a casi el 2% del PIB nacional representa un flujo de capital dirigido principalmente a hogares para la manutención de niños, niñas y adolescentes.
Sociedad: El registro aborda directamente el problema social del incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. La alta cantidad de inscripciones refleja la magnitud del fenómeno, mientras que el número de cancelaciones sugiere que el mecanismo está funcionando como un incentivo para regularizar las deudas, beneficiando a los menores de edad.
Lo confirmado
- La ley que estableció el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos fue promulgada durante el gobierno de Sebastián Piñera.
- La plataforma en línea del registro, administrada por el Registro Civil, está operativa desde el 18 de noviembre de 2022.
- Las órdenes de pago emitidas por los tribunales bajo este sistema superan los $3,8 billones.
- El monto total ordenado a pagar corresponde al 1,98% del Producto Interno Bruto de Chile.
- Los tribunales de familia han instruido un total de 728.700 inscripciones en el registro de deudores.
- Actualmente, 376.644 personas figuran con una inscripción vigente en el listado.
- La deuda acumulada en las causas que se mantienen activas en el registro alcanza los $54.833 millones.
- La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, afirmó que el sistema se implementó sin la asignación de recursos adecuados.
Lo que falta saber
- ¿Cuáles son las dos opciones de cobro que la ley establece para el pago de las deudas de pensiones?
- ¿Qué medidas adicionales se requieren, según la presidenta de la Corte Suprema, para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes?
- ¿Qué tipo de recursos y en qué cantidad no fueron entregados a los tribunales para esta labor?
- ¿A qué se refiere específicamente el "gran costo humano" que ha asumido el personal de los tribunales de familia?
- ¿Cuáles son las otras tareas recientes asignadas por ley a los tribunales de familia que compiten por los mismos recursos?
Fuentes
La Tercera ·