El DesarrolloOpinióneldesarrollo.cl
OpiniónColumna

Agua rural bajo la lupa: fiscalizar con datos y fortalecer la confianza

Por Patricio Flores Fuentes Gerente General de AIM

Actualizado: 0
APR
AIM

Agua rural: fiscalizar con datos, no con supuestos

La discusión del 12 de agosto en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado volvió a instalar dudas sobre la administración de los Servicios Sanitarios Rurales. Investigar y sancionar cuando corresponda es indispensable; generalizar sin antecedentes concretos, en cambio, puede dañar la legitimidad de miles de dirigentes que por décadas han sostenido el acceso al agua potable rural en Chile.

Por Patricio Flores Fuentes | Gerente de Consultoría y Asesorías AIM

El pasado 12 de agosto, durante una sesión de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, se volvió a discutir públicamente la administración, transparencia y fiscalización de los Servicios Sanitarios Rurales, históricamente conocidos como APR. La discusión es legítima y necesaria. Toda organización que administra recursos comunitarios y presta un servicio tan esencial como el agua potable debe estar sujeta a controles, rendición de cuentas y fiscalización efectiva.

Lo que no parece razonable es pasar desde la existencia eventual de irregularidades a una conclusión general sobre quienes dirigen estas organizaciones. Una denuncia, una sospecha o un caso particular no pueden transformarse, sin más, en una caracterización de miles de dirigentes y comunidades. Cuando se habla de materias tan sensibles como el uso de recursos comunitarios, la discusión debe construirse sobre datos, fiscalizaciones efectivamente realizadas y responsabilidades determinadas.

A diciembre de 2025, el Ministerio de Obras Públicas registraba 2.475 Servicios Sanitarios Rurales, 771.435 arranques y 2.391.592 personas beneficiarias. Es un sistema de enorme escala social, construido durante más de seis décadas y sostenido por la acción conjunta del Estado, las comunidades, equipos técnicos y administrativos y, de manera muy importante, por sus dirigentes.

En el trabajo que desarrollamos asesorando APR y comunidades rurales hemos podido conocer de cerca esa realidad. Hay dirigentes que destinan tiempo personal, fines de semana y horas fuera de cualquier jornada formal para resolver emergencias, revisar instalaciones, asistir a reuniones, gestionar recursos, responder a sus vecinos y mantener operativo un servicio que no puede detenerse. En muchos casos, esa labor se realiza de forma voluntaria y con muy poco reconocimiento.

“Fiscalizar y exigir transparencia fortalece a los APR. Pero fiscalizar significa verificar, no presumir.”

Por supuesto, reconocer ese trabajo no significa desconocer que puedan existir malas prácticas. Si hay antecedentes concretos, deben investigarse. Si existen responsabilidades, deben determinarse y sancionarse. Y si los hechos pudieran constituir delito, corresponde recurrir a los canales institucionales disponibles. La defensa del modelo comunitario no puede convertirse en una defensa de conductas incorrectas.

Pero el principio inverso es igualmente importante: una acusación no reemplaza una investigación y una sospecha no equivale a una responsabilidad acreditada. La institucionalidad existe precisamente para verificar los hechos. La Ley N.º 20.998 distribuye funciones entre la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Autoridad Sanitaria y, cuando corresponde, la institucionalidad de cooperativas. La fiscalización sectorial corresponde a la SISS, sin perjuicio de las competencias de otros organismos.

Por eso, desde AIM hemos solicitado vía Ley de Transparencia antecedentes a la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre fiscalizaciones realizadas, denuncias recibidas, incumplimientos acreditados, procedimientos sancionatorios y sus resultados. Queremos responder una pregunta concreta: ¿cuántas irregularidades administrativas o financieras han sido efectivamente detectadas y qué proporción representan respecto del universo de SSR/APR fiscalizados?

La respuesta a esa pregunta es importante porque permite distinguir entre percepciones y evidencia. Solo con información oficial podremos saber si existe un fenómeno extendido, si los problemas se concentran en determinados tipos de sistemas o si estamos frente a situaciones particulares que requieren intervenciones específicas.

La transparencia, además, no solo sirve para detectar a quien actúa mal. También sirve para proteger a quien actúa bien. Balances respaldados, conciliaciones bancarias, procedimientos de compra, inventarios, actas, rendiciones y trazabilidad de fondos entregan seguridad a las comunidades y también a las propias directivas. Un dirigente que administra correctamente debe contar con herramientas para demostrarlo.

Por eso creemos que el desafío no es debilitar el modelo comunitario del agua potable rural, sino fortalecerlo. Eso exige más control, pero también prevención, capacitación, acompañamiento técnico y reglas proporcionales a la realidad de cada SSR/APR. Un pequeño sistema rural no puede ser tratado como una gran empresa sanitaria, pero tampoco puede quedar sin herramientas mínimas de gestión y control.

La confianza es un activo esencial para estas organizaciones. De ella depende que los usuarios participen, que las asambleas aprueben inversiones, que existan personas dispuestas a asumir responsabilidades dirigenciales y que las comunidades puedan enfrentar decisiones difíciles. Generalizar sin datos puede erosionar esa confianza y terminar debilitando precisamente a quienes hacen bien su trabajo.

“Las discusiones sobre el agua rural deben hacerse con datos y evidencia, no sobre supuestos. Investigar cuando corresponda y reconocer a quienes cumplen son dos obligaciones que pueden y deben convivir.”

Para profundizar

Desde Consultoría y Asesorías AIM elaboramos la Nota Técnica “Transparencia, fiscalización y fortalecimiento de la gestión comunitaria de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR/APR)”, donde desarrollamos con mayor detalle el marco institucional, las competencias de fiscalización y propuestas para fortalecer la gestión comunitaria del agua.

Leer la Nota Técnica completa en el blog de AIM

Consultoría y Asesorías AIM | Gestión Circular del Agua | Asesoría para Servicios Sanitarios Rurales (SSR/APR) y comunidades rurales.

Fuentes