Agua Potable Rural 2027: más exigencias, menos recursos y nuevos desafíos para los APR

Un presupuesto que crece, pero no por igual

El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 propone para el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aproximadamente $4,70 billones, un incremento nominal de 7,1% respecto de 2026. Sin embargo, el aumento no se distribuye de manera uniforme.

Para el programa de Servicios Sanitarios Rurales (SSR), los recursos pasan de $317.867 millones a $321.039 millones: sólo 1% nominal. Si se considera la inflación promedio proyectada de 2,9% para 2027, la variación real aproximada es de -1,8%, mientras el MOP en su conjunto crece cerca de 4% real.

Mantener el poder de compra del presupuesto inicial de 2026 requeriría unos $6.046 millones adicionales a los contemplados. Esta diferencia no es un recorte presupuestario formal, sino una estimación del efecto inflacionario sobre los recursos disponibles.

Menos estudios hoy pueden significar menos proyectos mañana

Uno de los antecedentes más relevantes es la caída de 61,8% en Estudios Básicos, desde $7.817 millones en 2026 a $2.989 millones para 2027. Estas etapas permiten analizar fuentes de abastecimiento, condiciones hidrogeológicas, factibilidad de soluciones y necesidades de infraestructura.

La disminución no implica necesariamente paralizar obras en ejecución, pero podría afectar la generación de nuevos proyectos y futuras ampliaciones y mejoramientos si no existen fuentes alternativas de preinversión. A la vez, el conjunto de iniciativas de inversión SSR presenta una reducción real estimada de 3,1%. Es indispensable conocer cómo se sostendrá la cartera futura de proyectos.

La asistencia a los APR también requiere financiamiento

Las Transferencias Corrientes del programa SSR disminuyen desde $6.291 millones a $6.072 millones, una reducción real aproximada de 6,2%. Esta partida se vincula con funciones de apoyo, entre ellas asistencia, capacitación y tareas asociadas a la implementación de la Ley N.º 20.998.

Los comités y cooperativas enfrentan exigencias técnicas, administrativas, financieras y regulatorias cada vez mayores. La Ley N.º 20.998 define los servicios rurales considerando el «debido aporte de inversión y capacitación del Estado» (artículo 2). Fortalecer el sistema exige financiar infraestructura y acompañar a quienes la administran.

Personal de la Subdirección: más recursos, menos cupos máximos El gasto en personal de la Subdirección SSR aumenta de $15.742 millones a $16.936 millones (+7,6% nominal). Sin embargo, la dotación máxima autorizada disminuye de 401 a 370 personas: 31 cupos menos (-7,7%).

Esto no acredita 31 desvinculaciones: la dotación máxima no equivale al personal efectivamente contratado. Corresponde conocer la dotación efectiva de 2026, las razones del ajuste y cómo se resguardará el acompañamiento técnico regional a los APR.

Certificados de factibilidad: ¿quién decide y quién responde?

La nueva Glosa 08 permite que la Subdirección SSR también emita certificados de factibilidad para determinados proyectos de viviendas sociales del Plan de Habitabilidad Rural MINVU/SERVIU. Actualmente, el artículo 40, letra a), de la Ley N.º 20.998 y el artículo 47 del D.S. MOP N.º 50 asignan responsabilidades al operador en esta materia.

La glosa no elimina expresamente la atribución de los APR, pero introduce una facultad que necesita límites claros. Una factibilidad implica comprobar disponibilidad de agua, producción, almacenamiento y capacidad de distribución sin afectar el servicio actual.

¿Qué sucederá si la Subdirección emite un certificado que el APR estima técnicamente inviable? ¿Quién financiará las obras adicionales y responderá por la continuidad del suministro? Facilitar viviendas rurales es necesario, pero exige incorporar la evaluación y participación del operador que deberá prestar el servicio.

Empresas sanitarias: alcances de una nueva vía de contratación

La nueva Glosa 09 permite que la Subdirección contrate con empresas concesionarias sanitarias servicios de gestión de proyectos SSR, incluidos estudios, diseños y obras. Además, contempla que dichas empresas puedan contratar las prestaciones mediante sus propios mecanismos y procedimientos, con consultores o contratistas inscritos en registros del MOP.

La medida podría agilizar iniciativas, pero requiere esclarecer cómo se seleccionará a las concesionarias, cuánto costará la gestión, qué participación tendrá cada APR y quién fiscalizará plazos, calidad y uso de recursos públicos. No debe confundirse esta habilitación con una autorización irrestricta para adjudicar directamente cualquier obra: su compatibilidad con la Ley N.º 20.998 y las normas de contratación aplicables necesita reglas y controles explícitos.

Más fiscalización con recursos ajustados

Desde el 20 de noviembre de 2027, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) comenzará a ejercer sus facultades fiscalizadoras respecto de operadores del segmento Menor. Además, a partir de ese hito se inicia el proceso de primera fijación tarifaria para los Menores con más de 150 arranques, conforme a la ley.

Estas exigencias contrastan con el aumento de apenas 0,5% nominal del presupuesto SISS y con la disminución de 13% en los recursos de su Glosa 04 para estudios de fijación tarifaria y fiscalización. Corresponde aclarar cómo se asegurará la capacidad de acompañamiento y control.

Los puntos que el Congreso debiera tener a la vista

Durante la discusión legislativa es importante examinar la continuidad de estudios e inversiones, los recursos para asistencia y capacitación, la dotación y presencia regional de la Subdirección y el alcance de la facultad para emitir certificados de factibilidad, sin imponer obligaciones técnicas o financieras que los APR no puedan cumplir.

También deben precisarse las condiciones para contratar concesionarias sanitarias, los controles públicos y la participación de los operadores; la capacidad de la SISS para asumir nuevas obligaciones; y la transparencia presupuestaria por región, localidad y proyecto. Las glosas de 2027 reemplazan disposiciones de 2026 que exigían reportar asesorías, capacitaciones y ejecución territorial. Mantener esa trazabilidad es parte del debate.

Fortalecer el agua rural es fortalecer a sus comunidades

El agua potable rural chilena se ha construido durante décadas gracias al trabajo de las comunidades organizadas, sus dirigentes, trabajadores y operadores, muchas veces en condiciones técnicas y económicas difíciles. Ese esfuerzo constituye un patrimonio social que debe ser reconocido y protegido.

> «La modernización de los APR debe fortalecer a sus comunidades, no debilitar la autonomía de quienes los administran. Cada nueva exigencia requiere capacidades, recursos y acompañamiento.

Denisse Charpentier Castro y Patricio Flores Fuentes · Consultora AIM

Por eso es importante seguir de cerca el debate en el Congreso: fortalecer el sistema no es sólo financiar obras, sino respaldar a las comunidades y a quienes hacen posible que el agua potable llegue cada día a los hogares rurales de Chile.