El liderazgo de Chile en agua potable también se construye desde el mundo rural

Hace algunos días, La Tercera publicó una noticia que merece atención: Chile alcanzó el primer lugar de América Latina y el Caribe en el Environmental Performance Index (EPI) 2026, elaborado por la Universidad de Yale.

Nuestro país obtuvo 50,95 puntos y se ubicó en el puesto 41 entre 177 naciones. Pero uno de los aspectos que más explica este resultado es precisamente su desempeño sanitario. Chile obtuvo 73,84 puntos en agua potable y saneamiento, ocupando el primer lugar regional; 74,05 puntos en el indicador de agua potable insegura, con el puesto 34 mundial y nuevamente primero en América Latina; 73,52 puntos en saneamiento, y 87,89 puntos en tratamiento de aguas residuales.

Es importante detenerse en qué significan realmente estas cifras.

El indicador de agua potable insegura no corresponde simplemente a tomar muestras y determinar si el agua cumple determinados parámetros físico-químicos. Yale evalúa la cantidad de enfermedad y muertes asociadas a la exposición a agua potable insegura, utilizando la tasa de años de vida ajustados por discapacidad —DALY— por cada 100.000 habitantes. Un puntaje de 100 representa las menores tasas observadas mundialmente y un puntaje de 0 las mayores.

Por eso, el resultado chileno es relevante: habla de infraestructura, tratamiento, saneamiento, regulación, inversión y de décadas de políticas públicas que han permitido disminuir los riesgos sanitarios asociados al consumo de agua.

**Es un logro que debemos valorar.

Pero también debemos contar su historia completa. ** Cuando se habla del éxito sanitario chileno, la conversación suele concentrarse en las empresas sanitarias y en la infraestructura de las grandes ciudades. Su aporte es evidente y fundamental. Sin embargo, existe otra parte del sistema que pocas veces recibe el mismo reconocimiento.

Actualmente Chile cuenta con 2.475 Servicios Sanitarios Rurales —los históricos APR

Su carácter comunitario no significa una menor exigencia. Estas organizaciones deben cumplir la normativa laboral que les resulta aplicable y responder a las exigencias sanitarias, técnicas, administrativas y de calidad del servicio propias de la prestación de un servicio esencial. La gestión comunitaria, por tanto, no es sinónimo de informalidad: implica responsabilidades concretas frente a sus trabajadores, usuarios y autoridades. No podemos afirmar, porque el EPI no entrega esa desagregación, qué porcentaje exacto del resultado chileno corresponde al mundo rural. Pero tampoco podemos presentar el desempeño nacional como si esos millones de personas y sus sistemas de abastecimiento no formaran parte de él.

El buen desempeño sanitario de Chile también se construye todos los días en los territorios rurales.

Detrás de esos sistemas existen dirigentes, trabajadores y comunidades que administran pozos, captaciones, bombas, estanques y redes; realizan procesos de desinfección, enfrentan roturas y emergencias, gestionan recursos y trabajan para mantener la continuidad del abastecimiento.

**No son actores secundarios del sistema sanitario chileno.**

Este modelo tiene hoy 62 años de trayectoria. El Programa de Agua Potable Rural comenzó en Chile en 1964 y, desde entonces, ha permitido llevar agua potable a localidades que difícilmente habrían sido atendidas bajo una lógica sanitaria convencional.

Su desarrollo combina dos elementos que deben reconocerse: inversión pública y gestión comunitaria. El Estado ha financiado una parte fundamental de la infraestructura, mientras las propias comunidades han asumido su administración, operación y mantenimiento. Esta fórmula ha convertido a la experiencia chilena en un referente de gestión comunitaria del agua en América Latina.

La Ley N.º 20.998 vino precisamente a reconocer esta realidad, estableciendo que los Servicios Sanitarios Rurales pueden ser administrados por comités y cooperativas y definiendo que su prestación debe garantizar agua en calidad, cantidad y continuidad. Reconocer lo alcanzado tampoco significa desconocer las brechas pendientes. El propio Ministerio de Obras Públicas informa una cobertura de 100% en localidades rurales concentradas, pero de aproximadamente 57% en localidades semiconcentradas, mientras los sectores rurales más dispersos continúan representando uno de los desafíos más complejos para alcanzar acceso universal. A esto se agregan la escasez hídrica, el cambio climático, el deterioro o disminución de algunas fuentes, la necesidad de renovar infraestructura y mayores exigencias técnicas y regulatorias. Por eso, la siguiente etapa no debería consistir en reemplazar un modelo comunitario que ha demostrado su aporte, sino en fortalecerlo. Eso significa mejor asistencia técnica, capacitación, inversión, monitoreo de fuentes, digitalización, infraestructura resiliente y herramientas que permitan anticiparse a los problemas en lugar de actuar únicamente cuando ocurre una emergencia.

La propia Ley N.º 20.998 reconoce la gestión comunitaria y establece que ésta debe ser acompañada mediante capacitación continua, apoyo al financiamiento de mejoras y asesoría a comités y cooperativas.

Chile tiene razones para valorar el lugar que ha alcanzado en materia de agua potable y saneamiento.

Pero ese logro no pertenece exclusivamente a las grandes ciudades, a las empresas sanitarias ni a una sola institución.

También pertenece a miles de dirigentes, trabajadores y comunidades rurales que, por más de seis décadas, han asumido la responsabilidad de llevar agua potable a sus propios territorios.

Todavía tenemos una brecha importante para llegar a las localidades más aisladas y garantizar el mismo estándar en todo Chile. Ese debe ser parte del próximo desafío. Pero mientras avanzamos hacia esa meta, hay algo que no deberíamos perder de vista: cuando Chile celebra sus resultados en agua potable, también está celebrando —aunque muchas veces no lo diga— el trabajo de miles de comunidades rurales que han ayudado a construirlos.